Si se intenta retrotraer nuestro registro histórico hasta la fecha de la fundación de Venezuela, se podrá notar que la palabra República figura con notable importancia en el marco de la fundación de nuestro estado-nación. Sin importar la debilidad institucional que nos caracterizó durante todos los años posteriores, Venezuela siempre ha vivido inmersa en un importante conflicto entre sus valores republicanos y su praxis caudillesca.
Pareciera que en nuestras tradiciones subsiste una contradicción o, si se prefiere, incomprensión de la importancia que tiene una adecuada separación y equilibrio de los poderes para el establecimiento, así como la permanencia de la institucionalidad político-administrativa en un país que intente regirse bajo los preceptos republicanos. Pero la separación de los poderes tiene mucho más que ver con el balance que con alguna otra cosa. La idea que se encierra en el modo de organización republicano exige, entre otras cosas, fraccionar el poder del Estado y definir claramente las atribuciones y ocupaciones de cada uno de estos poderes.
Lamentablemente, Venezuela ha sido siempre fiel a la herencia del caudillismo, por lo que nuestra organización legal queda sometida a unas prácticas de corte presidencialista, donde el ejecutivo posee un peso imposible de controlar por la asamblea o sometido a decisión judicial. Como es de suponer, y conocido para la mayor parte de los venezolanos, el ejecutivo nacional es uno de los poderes que, concebido originalmente para efectivizar las decisiones del poder legislativo, debe trabajar bajo su supervisión y reglas, así como también, compartir la tríada con el poder judicial encargado de los tribunales y decisiones penales. Pero este es el deber ser, abiertamente no correspondido por nuestra cotidianidad.
Hoy en día, no bastando con las amplias atribuciones amparadas ya en la legalidad constitucional –y en varias otras leyes menores–, se puede apreciar el papel no solo preponderante, sino dominante y cada vez mayor del presidente. Si a ello sumamos, haciendo un ejercicio espacial más que matemático, la incontable cantidad de fieles seguidores que aun confían en el proyecto que se impulsa, podemos llegar a imaginarnos la inmensa capacidad de movilización y ejercicio del poder que tiene a su disposición.
No bastando con ello, se organiza un partido a su voluntad, con militantes siempre dispuestos a ejecutar los dictámenes de la presidencial, algunos “alertas a morir” enfrentando a un enemigo que supuestamente cuenta con todo el apoyo del imperio, pero que en las acciones denota muchas más dificultades de las que cabría esperarse para un rival con semejante respaldo internacional.
En total, un Estado presidencialista en la praxis que no pone límites a su voracidad. Como muestra, según el Banco Central de Venezuela, para el 2008 el gasto del Estado representó cerca del 26 % del PIB nacional, lo que por sí solo no dice nada aparte que casi un tercio del PIB depende directamente del gasto del Estado –cosa que desde ciertos puntos de vista es altamente peligrosas para la salud de los precios nacionales–, y que si se revisa a lo largo de la década 1998-2008, muestra que no se trata de cualquier cosa, sino de una tendencia expansiva.
De la misma manera, se puede decir que la pobreza se ha estatizado, basta recordar que hay una importante cantidad de personas en situación de dependencia de las asistencias que brinda el Estado, puesto que ha sido una política constante del gobierno actual –así como de administraciones previas– evitar la apropiación progresiva de los pobres de alguna propiedad que les permita comenzar un proceso de acumulación originaria y reproducción del capital, lo que seguramente contribuiría a combatir eficazmente la pobreza.
Lo anterior sería liberar a los pobres, permitirles forjar sus caminos sin depender de las dádivas del gobierno. Aquello es un atentado contra la concepción dominante del Estado que siempre se ha manejado durante mucho tiempo en el país. Y puesto que es comúnmente admitido que el Estado existe para mantenernos, nosotros dependemos de él, y no que depende de nosotros, los que se opongan “al sagrado y revolucionario deber del gobierno” no son solo enemigos del gobierno, sino apátridas de primera línea. Como se puede ver, el camino conduce al radicalismo y la exacerbación de los odios, resultado final, división de la sociedad.
Claro, no todo es desolador ya que ante el panorama, han surgido distintas iniciativas con el fin de reparar los tejidos sociales trastocados por años de división y enfrentamiento, pero ello no es un tema a tratar en este escrito, más allá de la importante mención.
Ahora bien, la razón de hacer este breve recorrido por aspectos que están dominados por el ejecutivo es plantear una importante cuestión: ¿la necesidad del líder mesiánico en Venezuela, de su hacer y voluntad como manifestación de la gente, merece tener la posibilidad de permanecer en el poder la cantidad de veces que la gente estime como necesario a través del voto?
He aquí el meollo, Venezuela se constituye como una República en el texto constitucional, por lo tanto adopta, al menos legalmente, la separación y el equilibrio de los poderes –aunque la praxis del Estado venezolano sea más ejecutiva que nada–, lo que se debería traducir en el apego irrestricto a una constitución que emanó de la voluntad legítima de un pueblo representado por sus legisladores –tan legítimamente electos como cualquiera de los actuales e incluso el mismo presidente–.
Si el ejecutivo se proclama tan cercano a la voluntad general, debería entender que ésta ya se manifestó el 2 de diciembre del año 2007. Incluso, la votación pudo haberse realizado de otra manera, a diferencia del bloque completo, pero el mismo presidente lo quiso así, por lo que el resultado debía ser suficiente para entender que una mayoría, así sea pequeña rechazaba el proyecto. Pero digamos que, cumpliendo con su promesa postresultados del 2 de diciembre, no pensaba dejar de lado su proyecto. Luego vino el “paquetazo”. El ejecutivo, haciendo uso de facultades propias de dictadores concedidas por una asamblea –Ley habilitante– que debe ser su contrapeso, aprobó 26 leyes con contenidos prácticamente iguales a los propuestos en el referéndum del 2007.
En todo el párrafo anterior, no hubo ni una ocasión en la que el Estado funcionara de la forma en que la constitución lo establece salvo en el momento que la asamblea se aplicó un suicidio institucional, y se puso prácticamente de vacaciones al darle las facultades al presidente para legislar como crea conveniente. Pero de ahí en adelante, sólo se pueden encontrar atropellos a nuestro ya muy vapuleado Estado de Derecho. El resto de los poderes se han parcializado a vox populi por órdenes directas de la presidencia, y nada parece poder hacerles cambiar de opinión. Los gobernadores son marionetas, y los que no están con el proceso son “desvalijados” por decretos presidenciales, lo que les deja una exigua capacidad de maniobra.
En resumen, Venezuela sufre de una concentración de poder que desnivela fatalmente
Sin embargo, con todo y esto, se quiere aumentar el poder que ya goza el ejecutivo. Soberano error sería creer que con darle más tiempo a un gobernante que dispone a su complacencia las cosas llegarán a cambiar, pues para quienes no lo han notado, la revolución liderada por el presidente no es más que un proyecto de establecimiento, consolidación y acaparamiento del poder en todas las áreas posibles a través del uso de los medios que posee el Estado.
Cierto es que se puede alegar que el pueblo debe tener la capacidad de hacer permanecer los gobiernos que desee durante el tiempo que prefiera, pero esto es una afrenta contra la alternabilidad en esta situación. Los que dicen eso ignoran lo peligroso que ha sido para Venezuela ese tipo de reformas, ejemplos copan la historia de nuestro país y de otros.
Pero claro, suele citarse el caso de muchos otros Estados, y de gobernantes que tienen capacidad de postularse cuantas veces deseen. A ello debería agregarse también una adecuada contextualización del país, donde seguramente se notará que suelen ser también los más estables y con prácticas ciudadanas más asentadas en el imaginario colectivo de la gente.
Algo que también suele caracterizar a estas naciones que practican la reelección indefinida es el respeto al Estado de Derecho. Difícilmente se vería en uno de esos países que sirven de ejemplo, casos como los citados anteriormente. El equilibrio es lo primero y principal en esas naciones, se respeta la arquitectura, aunque el edificio les parezca feo. Por el contrario, aprobar con un sí el proyecto de enmienda serviría solo para reforzar las tuercas que tienen a esa nueva nomenklatura criolla claramente enroscada al Estado, eso sí, siempre para darle cumplimiento a las directrices del ejecutivo nacional y sus allegados.En cada evento de nuestra historia reciente mencionado anteriormente se puede apreciar algo que para algunos puede ser sumamente hiriente, el culto irrestricto a la personalidad del caudillo nacional. En pocas palabras podría decirse que el proyecto nacional tiene su comienzo y final en el líder, se trata de hacer realidad un proyecto autocrático y autoritario, que no discute, que se alimenta del personalismo de su jefe, en este caso, el presidente. Aquello mientras se retroalimenta a los venezolanos con la siempre inagotable fuente de la juventud política, el discurso mesiánico-populista en el que el presidente se sabe manejar muy bien.
Por ello, es importante saber que quienes nos oponemos a la enmienda creemos en la democracia, pero también creemos firmemente en los pilares republicanos sobre los que se asienta la institucionalidad así como también en la búsqueda eterna de un orden equilibrado para Venezuela, intentos que se pueden remontar a los inicios mismos de nuestra vida como nación independiente.
Para finalizar, creo que decir que sí a la enmienda es alimentar más lo anterior, es presentarle la posibilidad de mayores irrespetos a una persona que ha manifestado en más de una ocasión su voluntad de no dejar el poder, su desdén por la institucionalidad, su politización y radicalización de la sociedad, su cada vez mayor abuso y control de la sociedad. En fin, sería como asestar un golpe directo a lo poco de legalidad que no hemos permitido violentar.
Asimismo, debemos comprender que nunca saldaremos esa deuda del pasado si no comenzamos por dar un paso adelante y defendemos lo que queremos como país, para que en un futuro sean cada vez mayores los espacios de respeto a la ley y la institucionalidad –sin renunciar a las transformaciones que podamos desear–, y menos los del abuso de quienes se valen del poder del Estado para imponer a los demás sus criterios personales. Es nuestra responsabilidad tener la mente clara para poder advertir que lo que se juega aquí es mucho más que una simple votación, es el futuro de nuestra República.
